El consumo del cigarrillo electrónico y sus ventas han aumentado en estos últimos años. En

España nos encontramos con 3.200 tiendas que se dedican a la venta exclusiva de este producto,

unos 4.000 estancos que también lo comercializan y unas 800.000 personas vapeadoras.

En febrero, el Congreso aprobó una normativa para regular su uso y sus condiciones de venta.

Finalmente no se ha derivado como producto del sector farmacéutico, así que no tendrá por qué

venderse en farmacias y tributarán un iva del 21%. Los líquidos de estos cigarrillos no podrán

superar el nivel máximo de 20 miligramos de nicotina, y deberán plasmar las advertencias en las

cajetillas.

La Ministra de Sanidad ha decidido restringir el uso de los cigarrillos en espacios públicos, como

colegios, parques infantiles, hospitales y transporte público, aunque sí podrán consumirse en bares

y restaurantes. En cuanto a su publicidad, no podrá retransmitirse en horario infantil y queda

prohibida la venta a menores de edad. Estas normativas se han creado sobre todo para proteger a

los menores. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y la Organización Médica

Colegial, consideran que la normativa impuesta no es suficiente, y pretenden luchar para que la

publicidad de este producto sea idéntica a la del tabaco. Para este organismo, el cigarrillo

electrónico no supone de ninguna manera una salida al tabaquismo, puesto que incluyen nicotina.

Manuel Muñoz, portavoz de la Asociación Nacional del cigarrillo electrónico, explica que respetan

las limitaciones propuestas por el Congreso. Declaran que vapear no es una alternativa al tabaco, y

mucho menos una ayuda para dejar de fumar. Se trata de una experiencia diferente y

complementaria. Hay cientos de sabores y modelos distintos. En las tiendas, se atiende a cada

cliente durante un promedio de 40 minutos, se le deja probar unos y otros, hasta que se decide a

comprar. Esta distinta propuesta de valor, no obstante, desaparecería en caso de que se prohíba su

consumo en el interior de los comercios, como ocurre con el tabaco y podría llegar a perjudicar

este sector. Los laboratorios farmacéuticos, por su parte, afirman apoyar el derecho del fumador a

elegir entre una selección de productos, pero insisten en la necesidad de que se impongan controles

que garanticen la calidad.